El ministro del Interior, Guillermo Francos, buscó relativizar este sábado el impacto de los recortes por decreto a las cajas previsionales que afectan a 13 provincias y que existen por ley desde el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019). Tras la asunción del presidente Javier Milei, esas transferencias no se realizaron, por lo que eran reclamadas por los gobernadores. Ante este escenario, el funcionario de la administración libertaria aseguró que “las partidas están” pero que “se reasignaron”.
“Lo que el Estado tiene que pagar y lo que las provincias reclaman a veces difiere, entonces se están realizando auditorías para los verdaderos montos a transferir. Hay provincias que deben y provincias a las que se les deben, pero hay que clarificar para que no se haga una bola de nieve con un tema que no es real”, sostuvo Francos en diálogo con radio Mitre.
Luego insistió: “No es que se eliminaron las partidas para las transferencias a las cajas de jubilaciones no trasferidas, las partidas están, se reasignaron. El dinero va a ir en otras partidas, eso no se ha tocado. Lo único que está en discusión son los montos”.
Fue en ese sentido que explicó que hay un problema de “stock de la deuda, que no es responsabilidad del actual gobierno”. Y agregó: “Hay deudas del gobierno nacional con las cajas transferidas hace muchos años, un montón, difícil de clarificar porque hay auditorías pendientes”.
Tras ello el ministro sostuvo que los montos que el Estado tiene que enviar y lo que las provincias reclaman “a veces difiere”, y que por eso “se están realizando las auditorías para dar con los verdaderos montos a transferir”. También aseguró que esto no se trata de un recorte, ya que “el dinero va a ir en otras partidas”.
“Lo único que está en discusión son los montos a transferir, se están haciendo auditorías, así que quedémonos tranquilos porque si no, se arma bola de nieve”, continuó.
Por último, cerró: “Lo que está por ley no se va a dejar de reconocer, sólo que para pagarlo tiene que estar claro qué es lo que se paga. A veces hay exageraciones en lo que se plantea como necesidad y eso claramente es obligación del funcionario público, que tiene que habilitar la transferencia, saber lo que está debitando y cuál es el monto”.
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