La ola de violencia narco en la ciudad de Rosario coincidió con la visita de las autoridades del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a la Argentina, y el ataque a la fase económica del narcotráfico es una dimensión clave de la evaluación que concluirá el 26 de marzo. La cantidad de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), de condenas por lavado de activos, de decomisos y de congelamientos de bienes son, entre una larga lista de puntos, algunas de las variables que evalúa el GAFI para calificar a la Argentina en su sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
A la sombra del contundente rechazo de la Cámara Alta al mega DNU, la aprobación de la reforma de la ley de Lavado de Activos el jueves pasado pasó casi inadvertida, pero representa, en términos concretos, una ventaja a favor de la Argentina en su desempeño ante la evaluación. Entre otras cosas, endurece las sanciones al lavado, incluye a los abogados como sujetos obligados y a los proveedores de servicios de activos virtuales. Es un requisito mínimo del GAFI a la hora de calificar al país. El proyecto, impulsado durante el gobierno de Alberto Fernández tras un pedido expreso del Fondo Monetario Internacional (FMI), tenía media sanción de Diputados y logró el aval unánime de todos los senadores. El sistema político busca evitar que la Argentina caiga en la denominada “zona gris” de naciones calificadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por tener legislación permisiva al blanqueo de divisas provenientes de delitos como el narcotráfico y el terrorismo. La Argentina estuvo en esa lista entre 2010 y 2014 y esa categoría dificulta el acceso al financiamiento internacional, entre otras consecuencias jurídicas y económicas.
Pero la sanción de la ley por sí sola no alcanza para cumplir los estándares técnicos internacionales para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Las autoridades internacionales observan la calidad de las herramientas que tiene el país para la prevención y la sanción del lavado, pero sobre todo, en esta ronda, se observa la efectividad del sistema. Los acontecimientos violentos en la ciudad de Rosario son apenas una de las derivaciones del avance del narcotráfico. Las derivaciones económicas, como el uso del dinero ilícito que producen las bandas narco, motivaron que en el último año la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) aumentaran sus esfuerzos e inauguraran sedes regionales allí para estar más cerca del territorio y poder mejorar su coordinación con la justicia federal de Rosario, señalada a lo largo de los años por sus deficiencias en la persecución y sanción del delito.
“Estamos en una etapa de descubrimiento del tema económico, ni siquiera de desarrollo. Particularmente en lo que refiere a Rosario los jueces y el sistema se han dedicado a ir lentamente por los hechos principales pero hubo un cambio hace poco menos de dos años y ahora empezaron a ver la dimensión económica”, dijo a LA NACION un investigador con experiencia en materia de lavado. Un ejemplo, señaló la misma fuente, es la condena sin antecedentes que recibió el financista y expresidente de Terminal Puerto Rosario, Gustavo Shanahan, a siete años de prisión por narcotráfico. Lo particular de la condena es que Shanahan fue considerado parte de la organización criminal por vender dólares al jefe narco Julio Rodríguez Granthon. Aún así, el avance judicial es mínimo en relación a la dimensión del negocio narco que, según la misma fuente, “mueve en Rosario decenas de millones de dólares”.
La UIF inauguró el año pasado la delegación en Rosario en respuesta a una autoevaluación de riesgo. Según la información oficial de la central de inteligencia financiera, se registró en esa ciudad un gran incremento de reportes de operaciones sospechosas (ROS). Rosario es, según supo LA NACION, la zona en la que convergen la mayor cantidad de sujetos obligados inscriptos. Que haya más sujetos obligados establece un mapa del tipo de actividad que se desarrolla en la zona. La dependencia, ubicada en la sede del Ente Administrador Puerto Rosario (Enapro), fue creada durante la gestión de Juan Carlos Otero, extitular de la central de inteligencia financiera y sigue operativa. Aún así, las agencias regionales cumplen una función más similar a la de “mesa de entradas”, por su cercanía a las zonas álgidas donde convergen la mayor cantidad de sujetos obligados inscriptos, mientras que la totalidad de la inteligencia financiera se hace desde la ciudad de Buenos Aires, donde funciona la dirección de análisis. El nuevo titular de la unidad anti lavado, Ignacio Yacobucci, fijó como uno de los objetivos fortalecer el área de recupero de activos, que es una tarea que tiene entre sus pilares a la inteligencia financiera.
Desde su desembarco, la agencia de la UIF de Rosario (que también abarca a Córdoba) participó de dos juicios orales allí: uno contra el “Delfín” Sacarías, juzgado por lavado, y otro contra Sebastián Romera, que tuvo sentencia en un juicio abreviado.
Una fuente especializada en seguir las pistas financieras del narcolavado dijo a LA NACION que los puntos neurálgicos de la criminalidad económica no coinciden con las zonas en las que opera el narco, que suelen ser las más marginales de la ciudad. Las cuevas financieras, las concesionarias de autos, yates o incluso el transporte de caudales son algunas de las entidades y actividades que deben informar de manera obligatoria a la UIF y encienden las alertas por posibles operaciones sospechosas. El dinero que fluye por el tráfico de drogas muchas veces termina en cuevas financieras donde se reinvierte y adquiere otra fisonomía. En Rosario también se instaló, durante el año pasado, una sede de la Procelac, que está a cargo del fiscal coadyuvante Ramiro Argibay. Trabaja en coordinación con la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), que también tiene una sede allí hace tiempo.
A pesar del despliegue de entidades nacionales y federales en el territorio, un informe de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (Finint) elaborado en base a la situación en Santa Fe y al que accedió LA NACION considera que no existen medidas efectivas que prevengan o obstruyan la utilización de activos ilícitos por parte de las bandas criminales violentas. Y no solo sostiene que a nivel nacional no hay herramientas eficaces sino que se concentra también en la responsabilidad del estado provincial.
“El Estado provincial se priva de utilizar de modo inteligente toda la información disponible tanto en sus bases de datos, como en la de los municipios (a las cuales podría acceder mediante acuerdos de cooperación) sobre la actividad económica de los delincuentes y sus allegados”, indica el informe. Y sigue: » Esto supone lo que en el lenguaje corriente se denomina una autoprocastinación de sus potencias para mitigar el efecto de factores que lo afectan. Si el Estado provincial renuncia a reunir y analizar información financiera y patrimonial sobre actores delictivos violentos, difícilmente otro factor estatal pueda reorganizar esta medida”.
