Mientras todo el mundo está pendiente de la tramitación de la ley de amnistía e, incluso, de si el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont concurre a las próximas elecciones al Parlament, el político catalán sigue presentando incidentes de recusación contra el instructor de la causa abierta en su contra en el Tribunal Supremo por su responsabilidad en el ‘procés’. El juez Pablo Llarena ha rechazado de plano el último intento del líder de Junts de apartarle de la causa en la que está procesado por malversación y desobediencia.
En un auto, notificado este mismo jueves, el juez Llarena rechaza por falta de legitimación y por extemporánea la recusación que vuelve a basarse en su apariencia de imparcialidad, que entiende quedó comprometida por haber recibido un premio de la Asociación de Fiscales el pasado 11 de noviembre. El magistrado alega que tanto Toni Comín como el propio Puigdemont están en rebeldía en el procedimiento, por lo que no tienen legitimidad para recusarle, mientras que Clara Ponsatí ya no depende de él, puesto que el procedimiento en su contra por desobediencia ya fue concluido.
Contra todos los jueces
Llarena recuerda que esta es la séptima vez que los procesados declarados en rebeldía promueven un incidente de recusación contra él y contra la práctica totalidad de los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que han conocido de su asunto en una u otra forma, así como de una parte importante de los integrantes del Tribunal Constitucional.
“Sin incorporarse ahora nuevos argumentos, debe señalarse que los recusantes ya objetaron la continuidad de este instructor por la obtención de un premio en escritos de recusación presentados el día 1 de diciembre de 2021. La recusación fue resuelta y desestimada (…) por auto de esta Sala de 14 de febrero de 2022, en atención a motivos de inadmisión que los recusantes desatienden en su actual escrito”, subraya el magistrado.
Indica que una de estas resoluciones ya señalaba a los hoy recusantes que la primera exigencia para el incidente es que los recusantes cuenten con legitimación procesal para interponer la recusación, dada su situación procesal de rebeldía en el momento en que formularon aquella recusación. Y afirmaba que, aunque esta situación de rebeldía ya no se mantiene para la encausada Clara Ponsatí (sí para los otros dos recusantes), debe observarse que la labor de este instructor respecto de aquella procesada estaba ya culminada al tiempo de interponerse el escrito de recusación.
Por otra parte, considera que el poder presentado por los recusantes adolece de defectos que lo hacen insuficiente para recusar en este procedimiento. “De admitirse un poder de las características descritas como ‘especial’, los poderdantes estarían confiriendo una facultad de recusar a cualquier juez o magistrado (no sólo de esta Sala y que haya actuado en este procedimiento concreto), de cualquier órgano, en cualquier momento, por cualquier causa y sean cuáles sean los hechos en que se fundamente. Esto es, una facultad de ‘recusación preventiva’, a futuro, inconcreta e ilimitada”, concluye Llarena.
Aparte de este argumento, el instructor añade que la recusación es extemporánea, ya que la presentaron una vez transcurrido el plazo máximo de días para su interposición.
“Como en el supuesto que se analizó el 14 de febrero de 2022, el premio que ahora se somete a análisis fue otorgado en un acto público desarrollado el día 11 de noviembre de 2023, del que los medios de comunicación dieron puntual noticia, y la imposición por el legislador de un plazo para interponer la recusación no es compatible con una banal afirmación de haber tenido conocimiento de lo acontecido días después de acaecer el evento, favoreciendo con ello que el plazo de interposición pueda dilatarse hasta la fecha de 28 de noviembre en la que se data la iniciativa que ahora se analiza”, concluye el magistrado.
