La controvertida ley SB4 está en el centro de la disputa que involucra al gobierno de Texas. Desde fines del año pasado, la medida ha sido objeto de una prolongada batalla legal. Aunque este martes la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó su entrada en vigor por unas horas, nuevamente fue suspendida y, a pesar de estos contratiempos, el gobernador del estado, Greg Abbott, aseguró que su administración llevará a cabo una serie de acciones para reforzar la seguridad en la frontera sur.

Las medidas de Abbott para proteger la frontera de Texas

“Mientras la lucha continúa en los tribunales para defender la SB4, Texas sigue arrestando a inmigrantes ilegales por intrusión criminal. Seguimos construyendo el muro fronterizo, utilizando la fuerza de la Guardia Nacional para instalar alambre de púas para repeler a los migrantes y mantener barreras flotantes en el río”, expresó Abbott a través de su cuenta de X (ex Twitter).

En la misma publicación, el mandatario explicó que se realizaron “más de 41.000 arrestos criminales”.

Las declaraciones del gobernador republicano fueron realizadas este miércoles, horas después de que, en la noche del 19 de marzo, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito pausara la entrada en vigor de la polémica ley de inmigración de Texas. En las horas previas, la Corte Suprema había dado luz verde a la medida, que llegó a estar vigente solamente durante un breve lapso.

Con esto, se amplía la disputa entre la administración de Biden y Abbott por la implementación de la legislación. Ya pasaron tres meses de idas y venidas en torno a esta normativa, que incluyeron apelaciones, una solicitud de emergencia e incluso la intervención del Tribunal Supremo de EE.UU.

Cómo se aplicaría la ley SB4 en caso de entrar en vigor

La ley SB4, de ser aplicada, convertiría en delito estatal cruzar la frontera entre Texas y México fuera de los puertos de entrada. Esta medida autorizaría a la policía a interrogar y arrestar a cualquier persona sospechosa de haber ingresado ilegalmente a Texas desde México y que no tenga estatus migratorio legal. Además, conferiría a los tribunales locales la autoridad para ordenar la deportación de los migrantes detenidos o procesarlos por violar las leyes de entrada a ese país.

Los migrantes que desobedezcan la orden de deportación podrían enfrentar sanciones más severas, entre las que se incluyen cargos por delitos menores de Clase B que conllevan penas de hasta seis meses de prisión. En casos de reincidencia, podrían ser acusados por delitos graves de segundo grado, con penas de hasta 20 años de encarcelamiento.

El cumplimiento de esta legislación también contempla la posibilidad de que los jueces ordenen el retorno de los migrantes a México, con la opción de retirar los cargos si optan por regresar voluntariamente. Al finalizar su condena, un juez podría instruir a las autoridades para trasladar a los migrantes a un punto de entrada para su repatriación.

Es importante subrayar que la SB4 establece ciertas restricciones: los arrestos de inmigrantes en lugares como escuelas, iglesias, centros médicos y sitios que brindan servicios de atención a víctimas de agresión sexual están expresamente prohibidos. Sin embargo, esta prohibición no se aplica a los campus universitarios.