SAN CARLOS DE BARILOCHE.- A raíz del choque sobre la ruta 250 en las afueras de Viedma en el que murieron tres personas, la mujer que manejaba la camioneta quedó detenida con prisión preventiva. La mujer, acusada de homicidio culposo agravado, afirmó que en la Toyota Hilux en la que viajaba había más de 17 millones de pesos.
El trágico choque ocurrió el domingo pasado sobre la ruta nacional 250, a 50 kilómetros de Viedma. Una camioneta Toyota Hilux y un Renault Duster impactaron de frente: dos de los pasajeros del automóvil, identificados como Juan Cruz Andrade (28 años) y su abuela, Liliana Martha Andrade (75) fallecieron en el acto.
Junto a ellos viajaban Fabián Armando Andrade (padre e hijo de las dos víctimas), el conductor de 50 años que fue internado en el hospital Zatti de la capital rionegrina, y su hijo Tomás, un niño de 11 años que resultó gravemente herido y estuvo internado en grave estado hasta que falleció el lunes por la noche.
En la camioneta Hilux, en tanto, iba la conductora –Ester Liliana Padilla Ibañez, mendocina de 38 años–, que no sufrió heridas graves. Desde el Ministerio Público Fiscal rionegrino requirieron hoy la prisión preventiva de Padilla (por el término de un mes) por considerar que “hay razones para aseverar que la mujer, imputada en una causa por homicidio culposo triplemente agravado, podría darse a la fuga”.
Desde la Fiscalía, representada por Juan Pedro Peralta, Lorena Chávez y Yanina Estela Passarelli, mencionaron, por un lado, que existió “un abandono del lugar del hecho, en circunstancias muy poco claras frente a un gravísimo incidente vial”.
Agregaron que obtuvieron en esta primera instancia de investigación “dos testimonios que dan cuenta de que la mujer habló de un vuelco, omitiendo la participación del otro vehículo”. Según explicaron, esa manifestación la realizó ante un primer testigo que fue quien le dijo que debía dar aviso a la policía y concurrir al hospital.
“Una vez notificada de la imputación y habiéndosele extraído sangre, se fue a su casa para presentarse al día siguiente con su abogado defensor solicitando la devolución de aquellas pertenencias que estaban en el vehículo. Luego de ello recibimos testimonios que nos permitieron inferir que podía darse a la fuga, por lo que se pide su detención para efectivizar una audiencia de medidas cautelares. Es allí cuando no se la encuentra en el domicilio que había declarado y que tenía la obligación de no abandonar”, agregaron los fiscales.
Para fundamentar aún más el peligro procesal de fuga detallaron que la Padilla no tiene arraigo: vive en Conesa desde febrero de este año y quien le alquila la propiedad mencionó haberla visto en muy pocas oportunidades. Eso fue enfatizado por la acusación al mencionar que “al momento de presentarse en la audiencia y brindar sus datos personales, dijo no recordar el número de la calle en la que se encuentra su domicilio”.
Y añadieron: “Existen muchos elementos que nos indican que no se mantendría a derecho”. También se refirieron a las condiciones económicas de la mujer, que en reiteradas oportunidades se presentó para solicitar la devolución de una alta suma de dinero que habría habido en la Toyota Hilux al momento del choque.
En tanto, el querellante de la familia Andrade, Damián Torres, afirmó que “Padilla presentó un escrito de puño y letra designando defensores y en otro pidió la devolución de pertenencias que estaban en el vehículo”, así como bolsas de cebolla, hilos para atar las bolsas y un bolso con 16.800.000 de pesos y otro con 480.000 pesos. En el vehículo sólo se encontró una suma cercana a los 500.000 pesos.
Además de la posibilidad de profugarse, desde la Fiscalía remarcaron la existencia del peligro procesal de entorpecimiento de la investigación. Entre otras cuestiones, mencionaron la importancia de llevar adelante medidas que permitan determinar cómo llegó la mujer imputada hasta Conesa luego del siniestro y si efectivamente viajaba sola en la camioneta que dejó en el lugar de la colisión.
A la solicitud de la prisión preventiva los fiscales sumaron la solicitud del embargo preventivo de los bienes secuestrados en el vehículo y la inhibición general de bienes sobre el patrimonio de Padilla durante el plazo de investigación preliminar. La querella acompañó ambos pedidos del Ministerio Público compartiendo sus fundamentos.
Finalmente, la Jueza de Garantías Georgina Amaro Piccinini admitió la inhibición general de bienes, el embargo y dispuso la prisión preventiva por el término de un mes. La jueza destacó que la imputada » conocía, porque así había sido notificada, que pesaba en su contra una investigación a partir de la cual tenía obligaciones que cumplir”.
Agregó que la suma de dinero reclamada como propia por la mujer “le permitiría incluso abandonar el país” y que “la insistencia de recuperar el dinero es otro de los elementos que habilita y funda la medida pretendida”.
