LA PLATA.- La mancha de Chocolate amenaza con expandirse. La fiscal Betina Lacki busca determinar si el entramado que desvió fondos públicos en la Legislatura bonaerense por al menos $800 millones -y que luego abarcó al Senado provincial, por otros $300 millones-, también incluye a la Municipalidad platense, con la misma operatoria de “ñoquis” y “chocolates”, y hasta algunos de los mismos protagonistas.
Lacki basa la sospecha en múltiples mensajes que intercambiaron Julio “Chocolate” Rigau y el concejal platense Facundo Albini que salieron a la luz cuando se completó el peritaje del contenido del teléfono celular de Rigau. Allí surgen alusiones a empleados de la municipalidad, recorridas por cajeros automáticos y la “rendición” de esos fondos a los Albini.
Los avances de la investigación también sacaron a la luz un porcentaje notorio de supuestos empleados de las cámaras de Diputados y Senadores bonaerense que figuran o figuraron en los registros laborales de la Municipalidad de La Plata, tanto de la gestión de Julio Garro (Juntos por el Cambio) como de su antecesor, Pablo Bruera (Frente de Todos).
Para ahondar en esa posible senda de investigación, la fiscal Lacki requirió a su colega Juan Cruz Condomí Alcorta que le dé acceso al expediente por presuntos ñoquis municipales que se inició semanas atrás con una denuncia del intendente entrante, Julio Alak (Unión por la Patria), por los presuntos delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, malversación de fondos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Alak basó su denuncia en los resultados de una auditoría que determinó que en la nómina de empleados de la Municipalidad figuraban miles de personas que no asistirían a sus lugares de trabajo, además de al menos un fallecido y otros cientos de supuestos empleados que registraban antecedentes penales o que incluso se encontraban detenidos por delitos como homicidio, abuso, robo y uso de armas de guerra, entre otros.
Tras esa denuncia penal y los primeros avances del fiscal Condomí Alcorta, Lacki busca determinar si existen puntos de contacto entre ambas investigaciones para, a partir de allí, evaluar los pasos a seguir. Podría enviarle a su colega el eje de su pesquisa vinculada a la Municipalidad de La Plata o, por el contrario, pedirle que le remita su expediente.
Pero, ¿qué surge del teléfono de “Chocolate” Rigau? Los mensajes de WhatsApp muestran que el puntero del PJ platense mantenía un ida y vuelta continuo por dinero con Facundo Albini, que además de concejal platense era apoderado del Frente Renovador de Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires, al mismo tiempo que Rigau debía rendirle cuentas al padre de Facundo, Claudio Albini, subdirector de Personal de la Legislatura bonaerense.
“Yo tengo que ir a rendir, ahora estoy por llamar a Claudio, [para] tratar de rendir lo más temprano posible y llegar, por lo menos, a las doce”, le explicó “Chocolate” Rigau a una mujer, mediante un audio de voz que se recuperó de su teléfono, del que también se extrajo un contrapunto con Facundo Albini que expuso parte de la operatoria. “Te llevas 200 por mes hace tres años y cuando te necesito no estás”, le reclamó el concejal al puntero, “Siento que me estás faltando el respeto a mí y a la amistad que tenemos”.
Los cruces de mensajes entre Facundo Albini y Rigau alimentaron las sospechas de los investigadores del Ministerio Público bonaerense. “Facundo tenía sus propios ‘ñoquis’ y toda la discusión con Rigau era por dinero de las arcas municipales”, estimó una fuente tribunalicia a LA NACION. “Va quedando claro que desviaban fondos de distintas canillas del Estado”.
En esa línea, al menos dos de los 48 titulares de las tarjetas de débito de presuntos empleados de la Legislatura bonaerense que operaba “Chocolate” Rigau cuando lo detuvieron en septiembre pasado aparecen en las nóminas laborales de la municipalidad de esta capital provincial. Son Diego Koster y Lucas Lucero.
Familiares del propio Rigau, en tanto, como sus hijos Cristian y Maximiliano, también figuran como empleados actuales o en el pasado de la Municipalidad platense –desde 2020, en el bloque Unión por la Patria del Concejo Deliberante-, y de la Legislatura provincial, al igual que otra familiar, Lorena Valdata.
Pero las ramificaciones son aún más amplias. ¿Por qué? Porque al pedir las cámaras de seguridad de las sucursales del Banco Provincia a las que acudía “Chocolate” Rigau para extraer dinero, la fiscal Lacki detectó a otros dos “chocolates”, Hugo Muguerza y María Josefina Ortellado, quienes operaban para el PRO y la UCR con al menos 39 tarjetas de débito del Senado provincial. Y al menos cinco de los titulares de esos plásticos, figuran como que trabajan o trabajaron en la municipalidad: Pedro Jacolowich, Juan Héctor Benzo, Maximiliano Benzo, Silvia Novilla y Kevin Saraqui. Con un dato adicional: la “Chocolate” Ortellado también aparece en las nóminas laborales de la Municipalidad.
Los tentáculos municipales se extienden, incluso, a otras investigaciones judiciales. ¿Por qué? Porque Lorena Codesido, otra presunta empleada del Senado bonaerense que se encuentra bajo la lupa judicial en Dolores por girarle fondos de su salario a la senadora Flavia Delmonte (UCR), también aparece en la nómina de la Municipalidad de La Plata.
En ese sentido, se estima que la investigación que se centra en la Legislatura bonaerense ahondaría en un presunto desvío de fondos públicos por al menos $800 millones, a los que se sumarían un piso de $300 millones adicionales a través de los “chocolates” del Senado provincial, en tanto que otros capítulos –con sus consiguientes perjuicios económicos para el erario público- corresponden a la Municipalidad de La Plata y a la operatoria bajo sospecha de la senadora Delmonte.
En ese contexto, cobra sentido el planteo del juez de Garantías Guillermo Federico Atencio, quien sostuvo en diciembre pasado que los máximos responsables de la banda criminal que integran los Albini y “Chocolate” Rigau todavía permanecen en las sombras. Y confió, también, en que “con el devenir de la pesquisa, se llegará a detectar un acto de corrupción de inmensurable trascendencia”.
