“El caso de hoy trata de los jóvenes; trata de la incapacidad de los países para hacer frente a la emergencia climática y del daño que van a sufrir a lo largo de sus vidas”. Esta frase, que funciona como síntesis del caso, fue pronunciada por la abogada demandante, Alison Macdonald, durante la audiencia del juicio de los seis jóvenes portugueses contra 32 estados europeos -entre los cuales se incluye España- por su inacción frente a la crisis climática.
Cláudia Duarte (24), Catarina dos Santos (23), Martim Duarte (20), Sofia dos Santos (18), André dos Santos (15) y Mariana Agostinho (11) no buscan una compensación económica, sino la elaboración de un tratado legalmente vinculante que obligue a los estados a actuar frente a la crisis climática.
Este es el tercer litigio sobre el clima que acoge la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y se ha convertido en el caso de este tipo más grande (en referencia al número de estados demandados) que se ha llevado al Tribunal. Otros casos que están pendientes de sentencia son: el presentado por la Asociación de Mujeres Mayores para la Protección del Clima (KlimaSeniorinnen) contra Suiza, y el presentado por el eurodiputado francés Damien Carême contra Francia. Ambos fueron escuchados en Estrasburgo el 29 de marzo de 2023.
En National Geographic te contamos las claves sobre el caso y si los jóvenes tienen o no, alguna opción de ganar.
¿POR QUÉ ESTA DEMANDA?
La noche del 17 de junio de 2017 se originaron 156 incendios en Portugal. Murieron 62 personas. Treinta de los cuerpos fueron hallados en el interior de los vehículos que intentaban huir y otros diecisiete en la propia carretera. El país declaró tres días de luto. Y Cláudia Duarte entendió entonces que «la crisis climática está convirtiendo el mundo en un lugar cada vez más peligroso y mi generación es cada vez más vulnerable«.
Cláudia Duarte es de Leiria, ciudad que se encuentra en una de las zonas donde mayor afectación tuvieron los incendios. “Fue abrumador ver los bosques en los que me gustaba estar convertidos de repente en lugares extremadamente peligrosos”, declaró la joven. Aunque las predicciones varían según el escenario de emisiones que se considere, todos los modelos climáticos futuros coinciden en que el cambio climático supondrá un aumento de la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos (como las olas de calor) y de los días de riesgo extremo de incendio forestal (por el incremento de temperaturas).
“Ellos enfrentan la posibilidad real de vivir en un mundo 4ºC más cálido. Y en Portugal, ese es un mundo en el que las olas de calor por encima de los 40ºC podrían durar más de 30 días sin descanso; un mundo donde el riesgo extremo de incendios forestales se cuadriplica en algunas partes del país y alcanza los 80 o 90 días al año”, argumenta Gerry Liston, otro de los abogados demandantes.
Tres años después de aquellos incendios y convencidos de que necesitaban tomar medidas para salvaguardar su futuro, el 3 de septiembre del año 2020, los seis jóvenes, respaldados por Global Legal Action Network (GLAN), iniciaron el proceso de demanda contra 33 países europeos: Austria, Bélgica, Bulgaria, Suiza, Chipre, República Checa, Alemania, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Francia, Reino Unido, Grecia, Croacia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Rusia, Eslovenia, Eslovaquia, Suecia, Turquía y Ucrania (la acusación sobre este último fue retirada cuando estalló el conflicto ucraniano-ruso). En cuanto a la financiación, la consiguieron a través de un crowdfunding.
Los jóvenes buscan que una sentencia que obligue a los países a impulsar medidas que mantengan el aumento de temperatura global máximo en 1,5ºC -en el Acuerdo de París, firmado por 195 países en 2015, se establece el máximo en 2ºC y un esfuerzo por mantenerse en 1,5ºC- y argumentan que el incremento de temperatura asociado al cambio climático supone una vulneración de sus derechos humanos. En concreto, del derecho a la vida, a no sufrir tratos inhumanos, a la privacidad y la vida familiar, y a no ser discriminados -en este caso, por motivo de su edad-. Estos se corresponden con los artículos 2, 3, 8 y 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
¿PUEDEN GANAR EL CASO?
El pasado 27 septiembre del 2023, se celebró en la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (donde solo llegan el 0,03% de los casos) la primera y única audiencia de este proceso judicial. Seis abogados de los demandantes contra 87 abogados de los estados demandados. Ahora, el caso está pendiente de sentencia, la cual se espera que llegue en el 2024. Y bien, ¿tienen los jóvenes alguna opción de ganar?
Ana Barreira, abogada y Directora fundadora del Instituto Internacional de Derecho y Medioambiente, defiende que es difícil predecir el resultado, porque el derecho no es matemáticas: aquí «uno más uno, puede no sumar dos».
Algunos precedentes de casos anteriores, aportados por la experta, podrían resultar favorables para esta demanda en concentro. En España, está el caso López Ostra de 1994, que también fue llevado ante el TEDH. El Ayuntamiento de Irún había permitido la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en las proximidades de la vivienda de Emilio López Ostra, quien argumentó que la operación de la planta de tratamiento causaba una importante contaminación y emanación de malos olores, lo que afectaba gravemente su calidad de vida y la de su familia. La sentencia final reconoció una violación del derecho humano a la privacidad y la vida familiar -el mismo que reclaman los seis jóvenes portugueses y que se recoge en el artículo 8-.
Más recientemente, en los Países Bajos, la Fundación Urgenda demandó al gobierno del país por no tomar medidas adecuadas para combatir el cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La demanda buscaba que se redujeran las emisiones en al menos un 25% para 2020, en comparación con los niveles de 1990. La sentencia histórica, emitida en 2015, falló a favor de Urgenda, y ordenó al gobierno que tomara medidas para cumplir con la reducción del 25%, argumentando que no hacerlo violaba los derechos humanos y las obligaciones legales del gobierno. También en este caso, el Tribunal se basó en las consecuencias que el cambio climático tiene sobre derechos fundamentales.
De hecho, este caso fue una de las inspiraciones de los jóvenes, según declara Cláudia Duarte. «Nos inspiramos en muchos casos en todo el mundo, por ejemplo, el caso Urgenda en los Países Bajos. Nuestra demanda es parte de más de 80 casos que desafían las respuestas de los gobiernos a la crisis climática; pero ningún tribunal ha llegado lo suficientemente lejos como para presionar a los gobiernos a reducir las emisiones de acuerdo con los 1.5 grados Celsius, por lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos fue nuestro último recurso», concreta Duarte.
En el otro lado, el principal punto en contra de la demanda es que «fue presentada en el año 2020 y desde entonces, la Unión Europea ha aumentado las medidas; en el año 2021, se aprobó La Ley Europea del Clima«, explica Ana Barreira. Esta ley establece el objetivo de neutralidad climática en la UE a 2050 y establece que todos los Estados miembros deben poner en marcha estrategias y planes de adaptación al cambio climático, con una reducción de las emisiones netas de gases de efecto invernadero (las emisiones una vez deducidas las absorciones) en, al menos, un 55 % en 2030 con respecto a los niveles de 1990.
¿QUÉ PASARÍA SI GANARAN?
En el supuesto de que el Tribunal fallara a favor de los jóvenes, el resultado sería el equivalente a un tratado regional legalmente vinculante que obligaría a los 32 países demandados a acelerar rápidamente su acción climática (a través de la reducción de emisiones).
«Si ganamos, esperamos un gran impacto. Treinta y dos gobiernos se verán obligados a reducir drásticamente sus emisiones», añade Claudia Duarte, quien comparte además cómo ha sido para ella emocionalmente este proceso. «Hemos sentido miedo, porque estamos nerviosos, pero nunca nos arrepentimos porque sabemos que estamos luchando por nuestra supervivencia», argumenta la joven. Se retroalimenta con el enfoque de Sofia dos Santos: «Estamos llevando este caso como último recurso para protegernos a nosotros mismos».
Por su parte, Global Legal Action Network, la red de apoyo de los jóvenes, argumenta que «como las decisiones del TEDH tienen influencia en los casos ante los tribunales nacionales en Europa, este fallo daría a los demandantes que presenten futuros casos climáticos a nivel nacional una base mucho más sólida para argumentar sus casos». Esto tiene su importancia para Martim Duarte. «Los jóvenes, como nosotros, están preocupados por su futuro y están listos para luchar. Sabemos que las demandas climáticas son ya una vanguardia en esta lucha, y con la crisis climática causando estragos, creemos que habrá más y más casos apareciendo en todo el mundo», concluye Duarte en declaraciones para National Geographic.
«Sigo teniendo la esperanza de que el tribunal entienda nuestros derechos humanos y se pronuncie a favor de nuestro caso», confiesa André dos Santos, quien comparte perspectiva con Catarina dos Santos. «Esperamos lo mejor. Esperamos que los jueces reconozcan la importancia de nuestro caso y que los gobiernos europeos deben hacer mucho más de lo que hacen actualmente», cierra la joven.
