La bancada del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINUSD) exigió hoy que se aplique todo el peso de la ley a los responsables directos de la muerte de Keyla Martínez, que se suma a la extensa lista de casi 6,900 mujeres que perdieron la vida violentamente en los últimos 19 años y cuyos crímenes se mantienen impunes en más del 95% de los casos.
Es un feminicidio, Keyla Martínez estaba con vida cuando la Policía Nacional la detuvo, la encerró en una cárcel y ahora está muerta, señalaron los diputados.
Martínez fue detenida por la policía cerca de las 12 de la noche del pasado sábado, sin embargo, en horas de la madrugada del domingo fue trasladada por los agentes del orden a la sala de emergencia de un centro asistencial de Gracias, Lempira, donde, al parecer, llegó sin vida.
Según la bancada pinuista, este hecho demuestra una conducta institucional en la que no se observaron los principios mínimos sobre el uso de la fuerza y el tratamiento de los detenidos, además, refleja la violencia del Estado generada por los operadores de justicia.
La diputada Doris Gutiérrez expresó que las muertes violentas, contra este sector vulnerable de la sociedad, constituye la máxima violación a los derechos humanos de las mujeres por tratarse de la eliminación de la vida, principal bien jurídico protegido por los sistemas jurídicos nacionales e internacionales.
Se estima que, entre los años 2002 y el 2020 (19 años) han muerto en circunstancias violentas alrededor de 6,900 mujeres, es decir, un promedio aproximado de 30 mensuales o una muerte diaria.
Registros estadísticos establecen que solo, en el 2019, se registró la muerte violenta de 406 mujeres, 318 en el 2020, en lo que va del 2021 cerca de 30 mujeres perdieron la vida violentamente, 5 de ellas en las últimas 48 horas.
Gutiérrez explicó que, en el caso de Keyla Martínez, el Estado hondureño, a través de la policía, estaban en la obligación de cuidar de ella, de brindarle y garantizarle su seguridad.
Eso no es un incidente aislado, solo refleja la conducta violenta de los funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley.
Exigimos cárcel para los responsables directos y que el caso de Keila Martínez no se sume a la extensa lista de impunidad que abarca más del 95% de la muerte de mujeres en el país.
Los diputados pinuistas cuestionaron la labor de la Comisión Depuradora, nombrada desde abril del 2016 para adecentar del ente encargado de la seguridad en el país.
“No transformaron nada, la única transformación que hay es que ahora las mujeres sentirán terror al ser detenidas”.
La bancada pinuista también condenó el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del orden público contra manifestantes en La Esperanza, Intibucá, en el contexto de las protestas por la muerte de Keyla Martínez.
