La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo de Transparencia Internacional en Honduras, pidió al Congreso Nacional (CN) extender por seis meses adicionales la vacatio legis del nuevo Código Penal, ante la crisis sanitaria generada por la pandemia mundial de COVID-19.
En consideración de las actuales circunstancias que atraviesa el pueblo hondureño, la ASJ planteó en una carta remitida a Mauricio Oliva, presidente del Poder Legislativo, el pasado martes 28 de abril y con acuse de recibo de este jueves, la postergación de la entrada en vigencia del nuevo instrumento legal, tomando en cuenta que “el esfuerzo del Estado se está dirigiendo a salvar el bien jurídico vida y no a enfrentar esfuerzos destinados a la entrada en vigencia de un ordenamiento jurídico que dada la situación mundial pierde relevancia”.
El escrito considera “inoportuno que pueda este instrumento legal entrar en vigencia en las actuales circunstancias, donde el Poder Judicial y el Ministerio Público están trabajando únicamente con un sistema de turnos y el resto de su personal en casa acatando las órdenes de aislamiento social”.
En ese sentido, la organización de sociedad civil insta a esperar un tiempo adicional para que existan mejores circunstancias y todos los administradores de Justicia puedan regresar a sus trabajos con eficiencia y eficacia.
Asimismo, hace un llamado a los diputados y diputadas para continuar la discusión del nuevo Código Penal, de manera “amplia y participativa, con representación de los distintos sectores de la sociedad, dejando abiertas las posibilidades de reforma, haciendo uso de los mecanismos de sesiones virtuales aprobados por el pleno del Congreso el 2 de abril de 2020”.
Capacitación y reformas
La ASJ solicitó además al CN, verificar con el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, Colegio de Abogados de Honduras, universidades públicas y privadas y otros intervinientes del proceso penal, si cuentan con la adecuada preparación técnica y científica necesaria para la entrada en vigencia, es decir una capacitación continua integral adecuada a los requerimientos que cada perfil del cargo necesita con el nuevo ordenamiento jurídico.
Por otra parte, después de un exhaustivo análisis, se concluyó la necesidad imperiosa de sugerir que se realicen reformas en cuanto a instituciones y tipos penales, por considerar que son contradictorias con la Constitución de la República, el Código Procesal Penal y otras leyes, que va a generar como efecto colateral un resultado negativo en la tramitación de los procesos penales y, por ende, en la vulneración de los derechos de las personas sometidas a un procesal.
Entre estas figuras, presentes en el texto aprobado por el Legislativo, se encuentran: responsabilidad subjetiva, el principio de non bis in ídem, suspensión de fallo, reemplazo de la pena, suspensión de la ejecución de la pena, cancelación de antecedentes penales, responsabilidad civil y sus formas y responsables civiles directos.
De igual manera, identifica inconsistencias en la redacción del tipo penal en ciertos grupos de delitos, tales como los delitos de violencia contra la mujer, delitos contra la libertad e indemnidad sexual, delitos contra el medio ambiente, delitos contra el patrimonio y delitos contra la administración pública, para los cuales se recomiendan modificaciones, a efecto de mejorar su redacción en la configuración del tipo como en la pena, para que adquieran coherencia con una política criminal de combate efectivo contra la impunidad y la corrupción.
Finalmente, y con relación a la actual emergencia sanitaria que atraviesa el país, la ASJ solicita que se cree un nuevo tipo penal, en vista de que “se ha vislumbrado la debilidad del Estado en garantizar la prestación de servicios públicos, y dado que en los últimos años se han judicializado y sancionado altos funcionarios vinculados a la comisión de delitos en perjuicio del sistema de salud, teniendo efectos directos en el acceso personal y colectivo del derecho a la protección de la salud, consagrado en el artículo 145 de la Constitución de la República”.
En el año 2019 el capítulo en Honduras de Transparencia Internacional realizó un análisis integral de los 635 artículos de ese instrumento legal e hizo entrega al jefe de la Comisión Legislativa de Dictamen del Código Penal una propuesta de reforma normativa al mismo.
