Sin grandes anuncios, sin justificaciones y sin que sea objeto de mayores comentarios a nivel nacional, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, ha ordenado la clausura de 79 emisoras de radio en Venezuela en los que va de 2022, un promedio de ocho al mes, de acuerdo a cálculos hechos por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, SNTP. La medida ha dejado sin empleo a poco más de mil personas.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, la semana pasada en el Palacio de Miraflores.

Las decisiones se han producido de forma progresiva, la mayoría de las veces una vez que se les ha vencido la licencia para operar y se les ha negado la renovación de la concesión. La mayor parte de estas emisoras son estaciones regionales, diseminadas en el interior del país. De acuerdo a los estudios del SNTP, los Estados más afectados por el cierre de emisoras radiales son Zulia, con 23 estaciones; Sucre, con 11; Táchira, con 10; Cojedes, con seis; y Falcón, con seis. También se han cerrado emisoras en los estados Yaracuy, Carabobo, Monagas, Anzoátegui, Barinas, Guárico, Portuguesa, Nueva Esparta, Bolívar, Lara y Miranda. Las clausuras abarcan 16 de los 24 Estados del país, y comprenden un 66% del territorio nacional.

La ONG Espacio Público calcula que en Venezuela operan 699 emisoras de radio a nivel nacional. Los Estados Lara, Barinas, Aragua, Portuguesa y el Distrito Capital acumulan el 44% de todas las estaciones. Entre 2003 y 2022, de acuerdo a los estudios de Espacio Público, “se han cerrado 233 estaciones de radio en todo el país, lo cual representa el 64% el total de medios de comunicación clausurados en los últimos 20 años.”

En todos los casos de cierre se evidencia “la ausencia del debido proceso y el derecho a la defensa”, afirma el estudio del SNTP. No existen documentos escritos, ni citaciones, ni órdenes en las que se especifique la instrucción o se detallen las razones del cierre. En el 80% de los casos, Conatel gira instrucciones telefónicamente.

“El cierre masivo de emisoras de radio forma parte de una política de Estado ejecutada por Conatel y ejercida de manera express con la participación de militares, que cargan con transmisores, computadores y otros equipos, auténticos despojos frente a los cuales no hay apelación ni resarcimiento posible”, afirma en un comunicado Gregorio Salazar, en representación de la ONG Expresión Libre. Esta organización alude a la existencia de “una masacre comunicacional, que solo puede ser ejecutada en una dictadura”.

Salazar afirma que la gran mayoría de estas emisoras estaban operando en paz y sin contratiempos. “A algunas se les había vencido la licencia para el uso del espectro radioeléctrico, pero tenían solicitudes de renovación hechas, con todos los documentos necesarios consignados, que jamás fueron contestadas. Se les dejó un buen tiempo operando en el limbo, sin respuesta, a ver si dejaban de ser incómodas a los intereses oficiales, y al no ser así, se ha procedido a clausurarlas”.

fuente: El País.

 

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