Con la pandemia de COVID-19 aumentó la exclusión educativa, la calidad del aprendizaje disminuyó y se hizo evidente la falta de gobernabilidad a favor de la estabilidad del sector, señaló este martes la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) en el sexto foro de la serie “Estado de país: Honduras 2022”, en el cual abogó para que la problemática se sitúe en primer plano de la agenda social y del actual gobierno.
La ASJ expuso entre los principales desafíos del sistema educativo los altos niveles de exclusión. En 2021, 1,146,688 niños, niñas y jóvenes se encontraban fuera del sistema de educación prebásica, básica y media, y -con excepción de primero a sexto grado- en todos los niveles la cobertura es inferior a 50%, con: 25% en prebásica, 42% en educación básica, 28% en educación media y 17% en educación superior.
Se estima que apenas dos de cada 10 estudiantes matriculados contaban con conexión a Internet durante la pandemia de COVID-19; no obstante, el 30% de los centros educativos continúan cerrados, de acuerdo a información oficial.
Para 2019, el 52% de los menores de edad entre 6 y 17 años no estudiaban por falta de recursos económicos, mientras la población más rica tiene 64% más acceso a educación a nivel básica y media, en comparación con la población más pobre.
En Honduras, cada día 491 niños, niñas y jóvenes abandonan el sistema educativo; es decir que, en un año, se pierden 98,198 estudiantes, además de los que ya estaban excluidos.
El segundo gran desafío a nivel educativo es la baja calidad de los aprendizajes. En 2018, 70% de los estudiantes hondureños no lograba el estándar internacional mínimo en lectura y 85% no lo alcanzó en matemáticas.
Los estudiantes que asisten a escuelas públicas tienen 53 puntos menos en matemáticas que los estudiantes de escuelas privadas, lo que equivale a casi dos años de escolaridad y, en comparación con el promedio latinoamericano, los jóvenes hondureños muestran entre dos y tres años de atraso en lectura, matemáticas y ciencia.
En 2021, 71% de padres de familia reportaron que su hijo o hija había recibido menos de ocho horas de clase a la semana, aunque debieron recibir 25 horas.
El tercer desafío identificado por ASJ es una gestión institucional deficiente por falta de financiamiento, descentralización mal manejada y débil gobernanza.
En los últimos años se observa una tendencia decreciente del presupuesto asignado a Educación como proporción del Producto Interno Bruto (PIB). En 2021, el 96% del presupuesto se invirtió en el pago de personal docente y administrativo, lo que restringe que el presupuesto pueda ser invertido en infraestructura y en programas para mejorar la calidad educativa.
Por otro lado, durante la pandemia de COVID-19 y hasta la fecha, no se ha continuado evaluando el desempeño docente. Esto, a pesar de que se había hecho de forma consistente desde 2013.
Mientras la selección de directores departamentales, municipales y distritales de Educación se ha llevado a cabo bajo sesgo político, pese a que se desarrollan bajo el formato de concursos de escasa credibilidad.
