Mediante el capítulo de transparencia internacional de Honduras, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ),  realizó un estudio de las 290 solicitudes de impugnación presentadas durante las elecciones primarias del marzo pasado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y los 45 recursos de apelación resueltos por el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Para el análisis de estas impugnaciones, se solicitó acceso a los expedientes administrativos y resoluciones del CNE y TJE, de los cuales se escanearon más de 5000 folios, asimismo, se examinó la información en términos cuantitativos y se realizaron entrevistas a expertos, entre ellos ex altos funcionarios electorales y profesionales del derecho.

Por otra parte, quienes presentaron impugnaciones fueron el Partido Libertad y Refundación (Libre), quien presentó 118, Partido Nacional 78 y el Partido Liberal 72. De las cuales según los resultados obtenidos demuestran un alto nivel de solicitudes declaradas sin lugar con un 73.88% en contraposición a las declaradas con lugar, con un 11.94%; declaradas parcialmente con lugar 13.05% y un 1.11% declaradas extemporáneas/inadmisibles.

Asimismo, desde la ASJ se observan patrones comunes por los movimientos de los tres partidos mayoritarios que deben ser considerados para el proceso electoral general, como es la estrategia de judicializar el proceso electoral sin atinar en las causales legales que establece la ley o presentar suficiente evidencia objetiva, la confusión entre irregularidades administrativas y delitos electorales que deben ser conocidos por el Ministerio Público y la falta de armonización de criterios para resolver impugnaciones.

Es debido a esto que importante capacitar a las Juntas Receptoras de Votos (JRV) en torno a los efectos legales que pueden producir sus acciones cuando se basan en desconocimiento, discrecionalidad o afinidad partidista, pues resultaran en impugnaciones y procesos de investigación penal.

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