El Congreso Nacional de la República, el día 07 de octubre de 2021 de manera opaca y en el sigilo, reformó la Ley Especial Contra el Lavado de Activos para incluir a las organizaciones de sociedad civil que investigan denuncian y exponen actos de corrupción, como “Personas Expuestas Políticamente (PEP)”. Ante esta decisión autoritaria que detenta contra los principios constitucionales de asociación civil, libertad de expresión y participación ciudadana, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo en Honduras de Transparencia Internacional, se pronuncia en los siguientes términos:
1. Condenamos enérgicamente esta acción de hostigamiento desde un poder del Estado al tachar a ciudadanos organizados que combaten la corrupción en Honduras como actores que corren el riesgo de lavar dinero en el sistema financiero, cuando ni siquiera entran dentro del concepto de Personas Expuestas Políticamente (PEP), al no ejercer cargos públicos, colaborar con políticos, influir en las decisiones sobre el destino del gasto público y tampoco ser personas naturales.
2. Al incluir sin razonamiento legal o dictamen técnico en la definición de Personas Expuestas Políticamente a “…organizaciones de sociedad civil que administren fondos de cooperación externa que se dediquen a ejecutar proyectos o programas de diferentes tipos, la veeduría, investigación, evaluación o análisis de la gestión pública…”, el Poder Legislativo claramente contraviene lo establecido por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, demostrando su intención de amenazar, perseguir y coaccionar a organizaciones que en los últimos años han demostrado ser el único bastión contra la corrupción.
3. Alertamos a los medios de comunicación, periodistas, empresarios, organizaciones religiosas, universidades, entidades de la Cooperación Internacional, que esto solamente es el comienzo. Si estas acciones logran materializarse sin ninguna reacción concertada, cada vez será más fácil callar y coartar las acciones ciudadanas contra la corrupción. Estos comportamientos autoritarios se conocen muy bien en América Latina y han producido trágicas consecuencias, causando enorme dolor y luto en las familias y retrocesos en los países.
4. Desde la ASJ, al contar con interés personal, directo y legítimo por la decisión tomada por el Poder Legislativo, advertimos que una vez entre en vigencia la reforma a Ley Especial Contra el Lavado de Activos procederemos a interponer un recurso de inconstitucionalidad.
En tal sentido, invitamos a las demás organizaciones de sociedad civil y liderazgos comprometidos con el combate a la corrupción a juntar esfuerzos y hacer que este evento sea el detonante de un trabajo en bloque para hacer valer nuestros derechos y compromiso con la justicia.
