La titular del CONADEH Blanca Izaguirre, espera que las autoridades competentes desarrollen el papel que les corresponde para la correcta investigación que conduzca a la captura y el enjuiciamiento de los autores materiales e intelectuales de estos crímenes de odio.

Desde esta Defensoría del Pueblo expresamos nuestra preocupación por los múltiples y recurrentes crímenes de odio en contra de la vida e integridad personal de los miembros de la comunidad LGTBI en el país.

Ante el último hecho suscitado en la zona occidental de Honduras, en donde el cuerpo de una promotora por los derechos humanos de las personas LGTBI, fue encontrado sin vida y con heridas de arma blanca en su domicilio el pasado domingo en el municipio de Santa Rosa de Copán, solamente evidencia que la impunidad y odio en contra de estas personas es un factor que predomina a nivel nacional.

Según datos del Observatorio de Muertes violentas de la Población LGTBI en Honduras de la red lésbica CATTRACHAS, desde el 2009 hasta la fecha, al menos 390 miembros de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, trans e intersexual (LGTBI), fueron asesinados en Honduras, en donde el 90% de estos crímenes se mantienen en la impunidad y cuyas zonas de mayor incidencia es el departamento de Francisco Morazán con al menos el 75%.

Según base de datos del CONADEH, los reportes indican que algunas de las víctimas fueron estranguladas, otras acribilladas a balazos, apuñaladas, degolladas, encostaladas e incluso calcinadas.

Un recuento de los hechos registrados, en los últimos años, establece que han sido víctimas de homicidios, tentativas de homicidio, abusos de autoridad, lesiones, detenciones ilegales, robo, hostigamiento, violación sexual, amenazas a muerte, violencia intrafamiliar y agresión por parte de particulares, agentes de los cuerpos de seguridad del Estado e incluso familiares.

La mayor parte de los miembros de esta población perdieron su vida violentamente en la calle, otros fueron ultimados en su domicilio, en el lugar de trabajo, en solares baldíos, bajo puentes, fincas y quebradas.

La Defensora del Pueblo de Honduras expresó que: “Es lamentable que las muertes con saña en contra de las personas de la comunidad LGTBI en el país se mantengan en un ciclo interminable de impunidad y de odio por parte de sus habitantes, es obligación del Estado de Honduras garantizar que estas personas no sigan sufriendo por su preferencia u orientación sexual e identidad género ante los ojos de la sociedad”.

En Honduras hay una desmedida discriminación hacia la población transgénero y población LGTBI en general, de allí nuestro reclamo permanente para que se respeten sus derechos humanos, principalmente el derecho a la vida y que cesen los crímenes de odio en el país.

Desde esta institución continuaremos brindando nuestro apoyo incondicional a cualquier miembro o representante de la comunidad LGTBI dentro y fuera del país.

En ese mismo sentido, continuaremos recomendando al Estado de Honduras esclarecer tan lamentables hechos, para evitar que estos casos queden en la impunidad, que ha prevalecido en la mayoría de los crímenes cometidos contra miembros de este grupo en condición de vulnerabilidad, lo que se constituye en graves violaciones a los derechos humanos que requieren el reconocimiento expreso y atención inmediata de autoridades y particulares.

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