La Asamblea del Consejo de Europa vota este lunes un duro informe que deja en mal lugar a España, al considerar que castiga la libertad de expresión en relación a la condena a los líderes del procés encarcelados. Además, el documento apoya su indulto, como planea el Gobierno, e invita al Ejecutivo a modificar los delitos de sedición y rebelión del Código Penal.
Lo primero que hay que destacar es que el Consejo de Europa no es una institución ligada a la Unión Europea (UE). En concreto se trata de «una organización internacional que tiene como objetivo principal la defensa, protección y promoción de los derechos humanos (en particular los civiles y políticos), la democracia y el Estado de Derecho», según explica el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.
Creada el 5 de mayo de 1949 tras el Tratado de Londres, en su fundación intervinieron diez países. Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido y Suecia. España se convirtió en el décimo noveno miembro de la Organización el 24 de noviembre de 1977.
Se trata de la institución de este tipo más antigua del Viejo Continente y engloba las 47 naciones europeas con la sola excepción de Bielorrusia. Tiene su sede en la ciudad francesa de Estrasburgo.
Una de las primeras medidas tras su creación fue la redacción en 1950 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que recogía buena parte de los derechos enunciados dos años antes por la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Convenio entró en vigor en 1953 y desde entonces ha sido una pieza clave en la defensa de los derechos civiles y políticos.
El Consejo de Europa está dirigido por el Comité de Ministros, formado por los Ministros de Exteriores de los Estados miembros, con la colaboración de una Secretaría General que tiene la responsabilidad de la gestión estratégica de la organización.
Este comité celebra reuniones semanales y semestrales o anuales de los Ministros titulares. Entre sus responsabilidades destaca la de supervisar la ejecución de las sentencias del Tribunal de Derechos Humanos, la máxima autoridad judicial para la garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales en Europa.
Otro de sus órganos destacados es la Asamblea Parlamentaria, Está formada por diputados y senadores de los 47 Estados miembros, que designan entre dos y dieciocho parlamentarios, correspondiéndole a España un total de doce miembros titulares y doce suplentes.
La Asamblea celebra cuatro periodos anuales de sesiones plenarias. Sus recomendaciones y preguntas las remite al Comité de Ministros. Los presidentes de la Asamblea y del Comité de Ministros comparecen periódicamente en la sede del otro órgano para informar de los trabajos en curso.
Para la atención a las regiones, desde 1994 el Congreso de Poderes Locales y Regionales es el responsable de reforzar la democracia local y regional y evaluar la aplicación de la Carta Europea de Autonomía Local.
