La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo en Honduras de Transparencia Internacional, ha realizado en el último año una serie de investigaciones sobre la situación del subsector eléctrico del país y de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Los hallazgos de ASJ evidencian pérdidas incontroladas, así como procesos de contratación de generación de energía que no han seguido los pasos debidos. Como resultado, se encuentran vigentes contratos con irregularidades que no han beneficiado a la población y han incumplido la reglamentación del país, lo que ha provocado un impacto negativo en las finanzas de la empresa y del Estado.
El Decreto Ejecutivo PCM-138-2020 eleva nuevamente nuestras preocupaciones e interrogantes, pues el mismo no muestra garantías para la transparencia, la debida congruencia y relevante claridad legal; por lo que, ante este escenario, la ASJ se pronuncia en los siguientes términos:
1. Las soluciones para el mejoramiento del subsector eléctrico empiezan por la aplicación de la Ley General de Industria Eléctrica; no obstante, la aplicación discrecional del presente decreto podría excluir las atribuciones de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) y del Operador del Sistema (ODS). No podemos seguir adoptando soluciones apresuradas en procesos que ignoran las leyes.
2. Decisiones similares en el pasado han representado un alto costo para la ENEE y actualmente la tienen sumida en la más profunda crisis de la historia. Existe el riesgo de que, con la aplicación de este Decreto, se comprometan fondos del Estado sin contar con un análisis de la Unidad de Contingencias Fiscales, situación que podría agudizar aún más la condición precaria de la empresa. Por ejemplo, no se determinan límites de inversión al banco fiduciario para el proceso de licitación o concurso, mientras que al Estado se le compromete para que en 12 meses pagué al fiduciario el total invertido.
3. Hoy más que nunca Honduras demanda que todos los procesos de gran inversión sean transparentes, para generar confianza y credibilidad del pueblo hondureño y la comunidad internacional. Sin embargo, el Decreto limita la transparencia, puesto que es regulado por un fideicomiso privado que se rige bajo normativas de opacidad y discrecionalidad. Por esa razón, es necesario retomar esfuerzos para reformar la normativa de alianzas público-privadas y para reglamentar los fideicomisos públicos; fomentando la transparencia, debido proceso, igualdad de participación y rendición de cuentas.
Las contrataciones indebidas, mal planeadas y ejecutadas han sido parte de los factores que más han impactado al deterioro del subsector eléctrico en Honduras. Es necesario tomar acciones que traigan beneficios a corto y a largo plazo para la población y el Estado de Honduras. También es imperativo que sectores de la empresa privada, como los bancos, no participen en este tipo de procesos que van en contra de la ley. Basta ya de negociaciones dañinas para los hondureños, de procesos de planeación acelerados que poco abonan a mejorar las condiciones del país y que impactan negativamente a la institucionalidad, las finanzas y al Estado de derecho.
Desde la ASJ nos mantendremos vigilantes para buscar el aseguramiento y protección de los intereses del Estado, en beneficio de los más vulnerables y de una sociedad más justa.
