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El Instituto Nacional Penitenciario (INP), ha informado que a raíz de los dos primeros casos de COVID- 19, en los Centros Penitenciarios de El Porvenir (1) y Támara (1), en el departamento de Francisco Morazán, se han reforzado los protocolos de bioseguridad establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y adecuados a la aplicación en el Sistema Nacional Penitenciario cumpliendo con las reglas mínimas de la privación de libertad.

Los protocolos de bioseguridad se cumplen en todos los centros penitenciarios a nivel nacional y los mismos incluyen una evaluación médica para las personas de primer ingreso, así como para privados de libertad, personal operativo y administrativo que presenten algún síntoma similar a los relacionados con el virus de COVID- 19.

En cumplimiento con los protocolos de bioseguridad se ha coordinado con la Secretaria de Salud (Sesal) para realizar pruebas para diagnosticar COVID-19, en los privados de libertad de primer ingreso que por orden judicial son remitidos a los centros penitenciarios procedentes de diferentes departamentos.

De igual forma señalan que gracias a esta medida preventiva, en las últimas horas se recibió por parte del Laboratorio Nacional de Virología los resultados de las pruebas realizadas a privados de libertad de primer ingreso que por orden judicial fueron remitidos a la Penitenciaria Nacional de Támara, en donde permanecen en una zona de aislamiento, de las pruebas realizadas dieciseis (16) dieron POSITIVO de COVID-19. en total suman 17 pacientes atendidos en la PNT.

Los privados de libertad contagiados se encuentran en buenas condiciones de salud, no presentan síntomas y reciben la atención médica en una zona de asilamiento ubicada en el perímetro del Centro Penitenciario pero alejada del recinto general, la misma ha sido acondicionada para brindar la correcta atención, tratamiento y seguimiento a los pacientes respetando sus derechos fundamentales.

El Instituto Nacional Penitenciario (INP), reitera su compromiso de realizar los esfuerzos y coordinaciones con la Secretaria de Salud para garantizar el tratamiento de los privados de libertad que hasta ahora son asintomáticos pero permanecen bajo permanente supervisión médica.

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