Dos polémicas iniciativas fueron aprobadas en la sesión de este miércoles 16 de octubre en el Congreso Nacional.

Las mismas, tienen como objetivo protegerse de futuros requerimientos hacia los mismos parlamentarios.

El primer proyecto, presentado por el diputado nacionalista Raúl Edgardo Bulnes, fue aprobado en el primer debate por adición a la Ley Orgánica del CN que otorga inmunidad a los congresistas.

Se añadió al literal A al artículo 10 lo siguiente: La función legislativa es inviolable e indelegable, consecuentemente cualquier acción desarrollada en el ejercicio de la misma no acarrea ningún tipo de responsabilidad penal, civil y administrativa a los diputados y diputadas que participan en dicho proceso parlamentario sin perjuicio de lo establecido en el artículo 205 numeral tres de la Constitución de la República siendo al pleno del Congreso Nacional el órgano competente que debe valorar cada caso completo y la consecuencias de la infracción.

Esta disposición vuelve a otorgarles a los diputados inmunidad, algo que ya había sido abolido durante el período legislativo de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014).

Con esta modificación a la Ley Orgánica del CN, los diputados se recetan inmunidad, que no es otro hecho que protegerse de requerimientos fiscales, ya sea por manejo de fondos o cuando aprueben de forma irregular alguna norma jurídica en la Cámara Legislativa.

Contra la función legislativa únicamente procede la acción de inconstitucionalidad establecida en el artículo 184 de laConstitución de la República, según el cambio.

Esta reforma fue aprobada con los votos del Partido Nacional, una parte del Partido Liberal y miembros de la Alianza Patriótica. Votaron en contra: Libre, el Pinu y un sector del Partido Liberal.

Segunda iniciativa

La segunda iniciativa aprobada está orientada a la gestión de Fondo Departamental. Con los votos de un sector del Partido liberal y los votos nacionalistas dieron luz verde a la ley para liquidación y rendición de cuentas de fondos públicos para proyectos de orden social, lo que es conocido como Fondo Departamental.

Con este proyecto de ley aprobado, los diputados, al igual que organizaciones no gubernamentales, fundaciones, patronatos, organizaciones provadas de desarrollo podrán hacer sus liquidaciones ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

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