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La Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) y la Asociación Española de Startups (AES) se han pronunciado este lunes en un comunicado sobre la decisión del G20 de seguir adelante con el plan de trabajo propuesto por la OCDE para replantear la fiscalidad internacional en una economía digitalizada.

Ambas  asociaciones, que consideran que la fiscalidad debe ser adoptada de una manera global e internacional y nunca de forma unilateral, y sin aislar lo digital del resto de la economía, se muestran satisfechas con los trabajos iniciados en el seno de la OCDE para resolver estos desafíos impositivos de forma consensuada y mediante un amplio acuerdo político.

Adigital y AES ya se posicionaron en contra del impuesto sobre determinados servicios digitales (IDSD) planteado por el Gobierno de España a finales de año. Advirtieron entonces de que se trataba de una decisión unilateral que podía afectar de manera muy negativa a la economía del país, insistiendo en que cualquier medida de ese tipo debía concebirse dentro del marco global de la OCDE y regular a todos los países por igual para evitar la fragmentación del sistema impositivo global y la creación de ineficiencias. Por ese motivo, ambas asociaciones celebran ahora el acuerdo alcanzado en el marco del organismo internacional.

Al respecto, Adigital y AES recuerdan que ya existen tratados fiscales en el mercado global que regulan la distribución de los beneficios entre los países en los que las empresas desarrollan sus actividades. Advierten, además, de que las nuevas medidas tributarias no se pueden justificar con la lucha contra la evasión  fiscal, puesto que la tasa impositiva efectiva de las compañías digitales está en línea con otras compañías.

De este modo, cualquier regulación unilateral solo favorecería que distintos gobiernos reclamen ingresos a compañías actualmente gravadas en sus países de origen, lo que podría llegar a generar tensiones comerciales e incluso diplomáticas entre estos países.

“Una nueva fiscalidad digital propuesta de forma unilateral y sin consenso entre los países más desarrollados afecta al principio de seguridad jurídica; altera de forma negativa la legitimidad de un sistema tributario internacional caracterizado por su coordinación transfronteriza y tendrá un impacto local y negativo en la inversión, la digitalización, la conectividad y en empresas y consumidores que acceden a los servicios digitales”, ha explicado Zimmermann.

“Solo a través de un enfoque sensato y coordinado se logrará consolidar un sistema fiscal internacional reconocido como legítimo, sólido y justo, en consonancia con las propuestas de

la OCDE”. “No creemos que deba existir una tasa digital. Es una tasa que no solo afecta a grandes empresas sino que la acabarán pagando startups, emprendedores y pymes digitales y que puede suponer un freno a la innovación tal y como está concibiéndose en aquellos países donde se quiere implantar. Pero, si acaba impulsándose, que sea al menos sobre la base de un gran acuerdo internacional y con reglas y principios compartidos entre los países que minimice el impacto que puede tener sobre nuestras empresas más innovadoras”, ha declarado

Carlos Mateo, presidente de la Asociación Española de Startups. De la propuesta de la OCDE Adigital destaca el rechazo y temor que el organismo internacional manifiesta ante el creciente número de “impuestos digitales” que están surgiendo en numerosos países. A tal efecto, la OCDE advierte que no conviene aislar la actividad de las empresas que operan en el entorno digital, sino que debe tenerse en cuenta el impacto de cualquier medida que se tome en materia de tributación sobre el conjunto de la economía.

“Tanto la OCDE como la Unión Europea han subrayado, a través de estudios independientes, que gran parte de la economía actual es digital o está en proceso de digitalización. Puesto que las empresas digitales crean valor de la misma manera que otras empresas, un impuesto con enfoque únicamente digital carece de justificación”, ha asegurado José Luis Zimmermann, director general de Adigital.

Con el visto bueno de los ministros de Finanzas del G20 se fortalece el poder de la OCDE en encontrar un acuerdo internacional y el impulso político al ambicioso calendario de trabajo. Así, el grupo de trabajo de la OCDE, el denominado Marco Inclusivo, doblará sus esfuerzos para continuar en la senda prevista, con el objetivo de tener un acuerdo final para el 2020.

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