Hace cinco años que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció que los ciudadanos tienen derecho al olvido en Internet, y desde entonces, cinco años después, se han recibido miles de peticiones. En concreto, desde España se han remitido 76.893 peticiones relativas a 249.359 url.
Y es que España se encuentra en la posición número cinco del ranking europeo que mayor número de solicitudes ha enviado a Google relacionado precisamente con este derecho al olvido. De las peticiones que se han llevado a cabo desde que se puso en marcha esta medida, se han eliminado 81.813 enlaces, lo que supone un 37,9 por ciento.
El derecho al olvido es la consecuencia de una batalla legal que inició Mario Costeja González, abogado y consultor de empresas gallego, en 2009 y que se dirigió a los motores de búsqueda. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea expuso entonces el derecho al olvido y marcó jurisprudencia, obligando a Google a poner en marcha estas medidas para eliminar enlaces e informaciones perjudiciales o que ya no son adecuadas.
Costeja Gonzalez comenzó su andadura contra los motores de búsqueda cuando pidió al periódico La Vanguardia una información relacionada con dos anuncios sobre una subasta de inmuebles que estaba relacionada con él y que también informaban de un embargo derivado de deudas a la Seguridad Social que posteriormente se digitalizaron.
Este abogado se enteró de que, al introducir su nombre en Google, aparecían las citadas informaciones a pesar de que se habían solucionado años antes, pero seguían ahí. El periódico se negó a retirarlo porque constituía una información basado en datos reales, por lo que el abogado se dirigió a los motores de búsqueda, pero Google tampoco accedió a sus peticiones. Por eso, pidió la intervención de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que recurrió a la Audiencia Nacional que envió el caso a la Unión Europea.
Tras esta batalla legal, Google perdió y se sentenció a favor de Costeja, por lo que se obligó no sólo a Google sino a otros motores de búsqueda a cambiar su forma de trabajar.
Desde esa sentencia, que tuvo lugar en 2014, Google, Bing o Yahoo deben de contar con unos formularios online para poder pedir la retirada de una información o enlace sobre informaciones que pueden afectar a los usuarios por diversos motivos. Su realización es sencilla, sólo hay que identificarse y aportar los enlaces que se quieren eliminar. La compañía será la encargada de valorar cada petición y decidir si se puede retirar o no el enlace enviado por los usuarios, dependiendo de si se trata de una información de interés o si se tienen que quedar en sus archivos.
En el caso de que el buscador no acceda a retirar los enlaces, los usuarios pueden acudir a las autoridades competentes.
Desde que se puso en marcha esta medida, Google ha recibido 802.259 solicitudes en Europea para retirar datos que afectaban a más de 3,1 millones de url. De entre estas direcciones, se han eliminado 1,199.955, lo que supone el 45 por ciento de las peticiones. De las eliminadas, el 88,6 por ciento proceden de personas particulares mientras que el resto están relacionadas con menores de edad, entidades corporativas, políticos o personas públicas o famosas.
